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Français (Afrique)El Gobierno ha autorizado la reforma del artículo 43 de la Constitución en la que garantiza a la mujer el derecho a abortar, es decir, a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y a tener garantizada la prestación en condiciones de igualdad efectiva.
La propuesta ha recibido el aval del Consejo de Estado, que considera conforme a la Constitución reconocer la capacidad de las mujeres para decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo. Asimismo, respalda que las administraciones públicas deban garantizar este servicio en condiciones de igualdad real para toda la ciudadanía.
La negativa prevista por parte del Partido Popular
A pesar de 1este respaldo, el Gobierno es consciente de que la iniciativa podría no prosperar. La falta de apoyo de algunos grupos parlamentarios, especialmente del principal partido de la oposición, dificulta alcanzar las mayorías necesarias en las Cortes para aprobar una reforma constitucional de este calibre.
La negativa prevista por parte del Partido Popular supone un obstáculo clave, ya que este tipo de cambios requiere un amplio consenso tanto en el Congreso como en el Senado. Sin ese respaldo, la propuesta corre el riesgo de no llegar a materializarse.
Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su intención de seguir adelante con la propuesta. Con ello, también busca generar presión política sobre la oposición en un contexto marcado por negociaciones con otras formaciones y por la cercanía de importantes citas electorales.
El proyecto de reforma fue aprobado en segunda lectura por el Consejo de Ministros, tras incorporar el dictamen favorable del Consejo de Estado. Este paso refuerza la posición del Gobierno en su intención de consolidar el derecho al aborto como parte esencial del sistema sanitario público.
Un avance en la sociedad
La reforma plantea la necesidad de alcanzar una mayoría cualificada en el Parlamento, concretamente de tres quintos, para poder salir adelante. El objetivo es no solo reconocer este derecho, sino también asegurar que se ejerza en condiciones adecuadas y homogéneas en todo el país.
Desde el Ejecutivo se insiste en que esta iniciativa supone un avance en el reconocimiento tanto social como legal de los derechos de las mujeres. Además, se presenta como una medida necesaria para proteger estos derechos frente a posibles retrocesos o limitaciones en el futuro.